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martes, 7 de noviembre de 2017

#SantiagoNieto

#SantiagoNieto

Durante los últimos días hemos sido testigos de cómo el Estado Mexicano y su brazo armado en el Congreso, encabezado por los cárteles del PRI y el PVEM, acribillaron con total desdén y sin recato ni pudor alguno, a la poca credibilidad que aún se mantenía en un puñado de mexicanos, al apuntar todas sus armas en contra de la Constitución General de la Nación, y del doctor en , Santiago Nieto Castillo, ex titular de la FEPADE.

Pero a todo esto…Quién es Santiago Nieto?. Por qué tanto escándalo con el tema?. Pues bien, tuve la fortuna de conocer al doctor en Derecho Constitucional, Santiago Nieto Castillo, desde muy pequeño.

Lo conocí en su hábitat familiar siendo un buen jugador de futbol y nadador del estilo de pecho. Siempre fue de todos el más ecuánime, conciliador y, por mucho, una de las personas más estudiosas y con la mente más prodigiosa que he conocido.

Durante todos los años de estudios de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura; prácticamente viajábamos juntos de un municipio a otro, a la escuela; y durante todos esos años, Santiago siempre aprovechaba la oportunidad para enseñarnos temas de historia de México porque nunca dejó de mantener un libro bajo el brazo, y sin importar la hora o el lugar, se sentaba a leer por horas.

Con el doctor Nieto, tuve la oportunidad de adentrarme en lo más profundo del cine con StarWars y El Padrino; así como en algunas de sus favoritas como el Doctor Zhivago, Puente sobre el río Kwai, Casablanca y El Imperio del Sol, entre otras.

Tiempo después, pude convivir con él durante algunos años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde pude ser testigo del inicio de su crecimiento académico y jurídico, pasando por el Instituto Federal Electoral, y posteriormente, por el Poder Judicial de la Federación, en donde terminó de formarse como uno de los juristas más destacados en derecho electoral y constitucional de México.

Así pues, luego de ser el único fiscal especializado en Delitos Electorales de México en iniciar procesos penales con contra de exgobernadores, gobernadores, legisladores estatales y federales, presidentes de partidos y crear el tipo penal de “peculado electoral”, vinculando directamente al ejecutivo federal, sucedió lo inimaginable en un Estado democrático y fue cesado de su encargo.

Sin duda, México es diferente en estos días. México está despertando de su letargo y a través de la ONG’s y Partidos Políticos, finalmente se opone a una decisión unilateral y desapegada al marco constitucional mexicano.

Hoy, México requiere de organismos empresariales sólidos y alejados de partidos y del gobierno, que les permita tener una autonomía de opinión y decisión para ser un verdadero fiel de la balanza.

Hoy, inicia el proceso electoral con este movimiento en la FEPADE, y es posible que el cambio democrático en México tome un giro sin precedentes derivado del trabajo recto de muchos mexicanos que, como Santiago Nieto, trabajamos desde nuestra trinchera para expresar nuestras opiniones en pro de la posible democracia mexicana.

#Factanonverba



lunes, 3 de julio de 2017

PARTIDOS POLÍTICOS... UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA

PARTIDOS POLÍTICOS... UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA

Por: Hugo Alday Nieto


En últimas fechas hemos observado a los “casimeritos” de la política actual destruir instituciones, acabar con la credibilidad de los votantes más duros, sembrando el  caos y la desesperanza por doquier, todo ello derivado de su profundo desconocimiento de la filosofía política y las ideología de los propios institutos que los impulsan, y todo ello, antes de saltar a los brazos de otro, otro y otro más; haciendo un collage de confusión partidista, desconocimiento material de los ejes impulsores de la política global, mezclado con la propia arrogancia del poder sinsentido.

Para explicar de forma clara a mis alumnos en la universidad, como es que operan hoy los partidos políticos en México sin adentrarnos a teorías Sartorianas; optamos por la visión más light y contemporánea posible. Comenzando obviamente por el PRI, a quien identificamos como el clásico magnate corrupto, nieto de PRM y PNR, sobrino de PARM, y quien hasta hace unos años controlaba todos los negocios de prostitución, casinos, drogas, etc, y que al ver que poco a poco se le salía de las manos el asunto, se consiguió una amante de nombre PVEM, joven atractiva y dura para los negocios que le cobra muy caro por cada beso. Y aunque su imagen por fuera era un poco hippie, hoy se presenta tal cual es… oscura por dentro y fuera.

Por otro lado, tenemos a la esposa de PRI, que se llama PAN, y aunque sufre, llora y se rasga las vestiduras por los constantes engaños de su marido con PVEM y otras muchas jovencitas, siempre evita hacer escándalo a cambio de que PRI le regale casas, joyas y viajes al extranjero. PAN es culta y muy inteligente, pero su religión y el amor al dinero fácil, le prohíben divorciarse de PRI.

PRI tuvo una hija bipolar fuera de matrimonio que se llama PRD, quien en un momento dejo de tomarse sus medicamentos y desarrollo una segunda personalidad más loca y más agresiva, misma que por el color de su aura le llaman MORENA. En ocasiones su segunda personalidad es tan eclipsante que hace que PRD pierda su propia naturaleza.

Es por ello que, como padre preocupado, a veces PRI sale en busca de PRD para ofrecerle su ayuda y tratarla con psiquiatras para acabar con esa doble personalidad, ya que MORENA a veces le hace daño.

Hace poco es un café, PAN y PRD (esposa e hija bipolar fuera de matrimonio), acordaron reunirse para incoar juicio de interdicción contra PRI, al darse cuenta que la amante PVEM le estaba quitando hasta la voluntad al viejo. Esto lo que molestó mucho y quiso gastarse todo su dinero en la venganza. Pero hasta hoy, parece que si acreditaron la procedencia para la interdicción, lo que conlleva a un pleito sin precedentes entre la esposa, la hija bipolar fuera de matrimonio y las amantes de PRI.


Así es como podemos explicar la situación actual de los partidos políticos, y tal vez en otra ocasión hablemos de los casimeritos. 

Es cuanto, y no es cuento.

jueves, 16 de marzo de 2017

LA MARCA REPUVE vs EL ESTADO



LA MARCA REPUVE vs EL ESTADO


Por: Hugo Alday Nieto 


Sin duda el juicio de la marca REPUVE® se convertirá en un tema de análisis académico por la cantidad de aristas y procedimientos contenciosos, administrativos y constitucionales que ha sorteado, sino que hasta un caso clínico por la necedad de los abogados de las partes, o cínico, si es que lo analizamos desde el punto de vista del estado Mexicano.

Lo importante es mencionar que lo fuera una marca debidamente registrada por un particular que presta servicios de Tags digitales para la vigilancia vehicular desde la existencia del REGISTRO NACIONAL DE VEHÍCULOS, por sus siglas, RENAVE, y hasta la fecha bajo la denominación y marca REPUVE®, ha tenido que litigar desde 2009 diversos juicios en contra del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, de la Secretaría de Gobernación, quien lo ha demandado en diversas ocasiones, e incluso ha llegado a cancelarle diversos contratos obtenidos lícitamente mediante licitaciones públicas para quitarle su marca.

El hecho es que en el año 2009, el Procedimiento Contencioso 897/2009 (N-254) 8092 promovido por SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, de la Secretaría de Gobernación, en contra del titular de la marca REPUVE® fue resuelto por la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a favor del titular de la marca.



Así pues, el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, de la Secretaría de Gobernación,  inició el expediente 1048/12-EPI-01-2 dirimido ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que fue resuelto a favor del titular de la marca REPUVE®.

Ante ello, después de agotar un Recurso de Reclamación en el Tribunal Fiscal, el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, de la Secretaría de Gobernación,  promovió el Juicio de Amparo Directo 713/2014 resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito a favor del titular de la marca.

Sin embargo, no contento con 5 años de sentencias en contra, el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, de la Secretaría de Gobernación, de forma por demás absurda, inició un nuevo Procedimiento Contencioso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al que recayó el número de expediente 1454/2015 (N-385) 11933, mismo que de forma arbitraria y contraria a sus propias determinaciones expresadas en el Procedimiento Contencioso 897/2009 (N-254) 8092, admite la nulidad de la marca REPUVE® de OFICIO, y se arroga la facultad y personalidad de Actor en el procedimiento, siendo entonces el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial JUEZ Y PARTE en el contencioso y contradiciéndose de su resolución anterior.

El titular de la marca acude al Recurso de Revisión ante la misma autoridad emisora de la determinación impugnada, es decir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial , quien resuelve el expediente 150/2016/14423 en contra del titular de la marca y en contra de sus propios argumentos expresados ante la Sala Especializada en Propiedad Industrial en el expediente 1048/12-EPI-01-2 en 2012 y en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Amparo 713/2014, apenas en 2014.


Así las cosas, y luego de litigar varios recursos, el día de 15 de marzo de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual admitió a trámite la demanda de nulidad de las resoluciones ilegales, ilógicas y contradictorias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, citando como TERCERO al SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, de la Secretaría de Gobernación, en el expediente 1386/16-EPI-01-2, del cual deberemos estar pendientes para saber si el ESTADO DE DERECHO  en México le da la razón al titular legal de una marca o al propio Estado después de 8 años ininterrumpidos de litigio.

www.alhen.com.mx 

jueves, 9 de marzo de 2017

LOS PIRATAS DEL CARIBE


LOS PIRATAS DEL CARIBE
Por Hugo Alday
Desde hace varios años diversos prestadores de servicios turísticos en Quintana Roo, y en especial en la Isla de Cozumel se han visto en la necesidad de iniciar acciones ante la PGR por la clonación, falsificación y reproducción ilegal de marcas, diseños, denominaciones y obras protegidas por el derecho de autor de su propiedad, a través de páginas web de piratas extranjeros avecindados en esa Isla.
 Las marcas, diseños, imágenes, derechos de autor que se encuentran dolosamente falsificadas son las que los empresarios turísticos cozumeleños utilizan para comercializar y dar a conocer sus servicios de transporte, hospedaje o tours alrededor de la Isla de las golondrinas.
En un caso concreto, una de las empresas afectadas es precisamente MARTOM, SA de CV, cuya marca BAR HOP®, con registros 1255940, 1414367, 1414398, que también se encuentra registrada como derecho de autor bajo los números 03-2013-091911191200-01, 03-2013-091911215000-01, 03-2013-091911203200-01, ha sido explotada ilícitamente y con fines de lucro por un falsificador de origen estadounidense de nombre JARRAD JACE quien se hace pasar por JOHN ADAMS a través del dominio www.cozumelcruiseexcursions.net.
Sin embargo la PGR no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo, siendo que la afectada ha tenido que recurrir a la CNDH para lograr que la PGR recule en sus resoluciones y atienda los temas graves de infracciones de derechos de propiedad intelectual en Quintana Roo.

LA FISCALÍA COMO EN TIEMPOS DE BORGE…


LA FISCALÍA COMO EN TIEMPOS DE BORGE…

Por Hugo Alday

Para todos es conocido que durante el sexenio de Roberto Borgia, las Juntas de Conciliación y Arbitraje se convirtieron en una máquina de producir dinero a raudales, por medio de la tramitación de juicios amañados, así como de la proliferación de milagros religiosos, como la resucitación de personas y la reactivación procesal de juicios muertos de donde los allegados a Borge se adjudicaron millonarias sumas de dinero, casas y terrenos a lo largo y ancho del estado.

Sin embargo, hoy en el gobierno renovador al parecer también se están cociendo habas, pero ahora en la Fiscalía, ya que recientemente se revivió una Averiguación Previa que data de 2011, respecto de bienes nacionales, en la que no solo se revivió un expediente muerto y procesalmente improcedente al tratarse de una materia exclusivamente federal, sino que se revivió a un titular de derechos agrarios posesorios de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, quien resulta que falleció hace algunos años.

Todo esto, con base en documentos falsos de propiedad ingresados al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Playa del Carmen respecto de bienes que, aún son de la nación, y que se encuentran en trámite de avalúo y adjudicación en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por sus siglas, SEDATU.


Así las cosas, resulta que al fiscal de la nueva administración también le gustan los terrenos ajenos.

jueves, 19 de enero de 2017

FORMATO DE AMPARO VS GASOLINAZO PARA NO CONSUMIDORES

INSTRUCCIONES:


1.     Se requiere Copia de la credencia para votar o pasaporte

2.     Donde dice quejoso escribir su nombre

3.     Donde dice juez de distrito,  se sugiere dejar el espacio, ir donde estén los Juzgados de Amparo en tu ciudad o Estado y preguntar el nombre y escribirlo (puede ser con bolígrafo)

4.     Donde dice YO, colocar tu nombre completo tal y como aparece en tu identificación.

5.     Llenar los espacios. Importante señalar tu domicilio.

·       Escribir tu nombre al  final de la demanda bajo la línea y firma arriba de la línea como está en tu identificación o como normalmente firmas.
9.  Agrega a la demanda la copia de tu identificación,
si tienes una compra del año pasado y otra de este año donde se  vea el incremento del precio, agregar los dos comprobantes en original.
10. Saca 11 juegos completos del escrito junto con los documentos que le anexaste. Verifica que las copias estén lo más claras posibles y que los juegos estén completos.
11. vence el plazo para presentarla  9 de febrero
Éxito.

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QUEJOSO:
AMPARO INDIRECTO
  

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO CON RESIDENCIA
 EN CANCÚN, ______________
P R E S E N T E
 Quien suscribe, solicitante de la Justicia Federal: Yo ____________, de nacionalidad mexicana, por mi propio derecho  como ciudadano y habitante en el país que acredito con la copia de ________(credencial de elector o pasaporte o licencia)_______;; señalando como domicilio para oír y recibir   notificaciones       el       ubicado   en __________________________________; y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo autorizando para tal efecto  al Maestro en Derecho HUGO ALDAY NIETO y al Licenciado en Derecho ÁNGEL ISAAC MARTÍNEZ FERNÁNDEZ; y a GLORIA MALDONADO ALCARAZ,PATRICIA DE LOS REMEDIOS  GONZÁLEZ FLORES   ante   usted, al tenor del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera respetuosa,  pacífica  y atenta comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 103 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1 fracción 1, 4, 17, 28, 107 fracción II de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 26 de la Convención Americana de derechos humanos (pacto de san José) CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que enseguida enumero, pues conculcan los derechos fundamentales, así como las garantías individuales que en el capítulo correspondiente expreso.


OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA


El acto reclamado causa afectación directa Al quejoso de manera general a partir del 01 de enero de 2016 en que entró en positividad, su sola vigencia ocasiona perjuicios a mi persona, pues cuyas consecuencias jurídicas por su sola entrada en vigor son actos que afectan de manera real y manifiesta a mis derechos fundamentales como lo menciono en el apartado de los antecedentes del acto reclamado y que ha repercutido de manera notable en mis derechos sociales, económicos y patrimoniales como habitantes de ______________


De conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo  manifiesto.

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS QUEJOSAS: Ya han quedado precisados.
II.- NOMBRE y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO: No existe
III.-AUTORIDADES RESPONSABLES:
 Bajo protesta de decir la verdad señalo las siguientes: ORDENADORAS:
1.     PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  a través de su representante legal y jurídico con domicilio conocido y ubicado en Residencia oficial de Los Pinos, Molino del Rey s/n, San Miguel Chapultepec, Distrito Federal. C.P. 11850.

  1. CAMARA DE DIPUTADOS a través de su representante legal y jurídico, con domicilio conocido y ubicado en Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. El Parque, México D.F., C.P. 15960 Edificio E, Primer Piso.

  1. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN  a través de su representante legal y jurídico, con domicilio conocido

  1.  DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN  a través de su representante legal y jurídico, con domicilio conocido

EJECUTORAS:
1.     SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA,  a  través  de  su  representante  legal  y jurídico; con el acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. con domicilio conocido y ubicado en Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón, Belén de las Flores, 01110 Ciudad de México, CDMX

2.     COMISION REGULADORA DE  ENERGIA,, a través de su representante legal y jurídico; con el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Con domicilio conocido y ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Benito Juárez, Merced Gómez, C.P. 03930 Ciudad  de México, CDMX.
IV.- ACTO RECLAMADO:
 De las autoridades señaladas del los numerales del 1 a la 4  como ordenadoras reclamo:
PRIMERO:
I. La ILEGAL iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, expedición, refrendo, publicación, ejecución y aplicación de las consecuencias jurídicas de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 que entró en vigor que me afecta  en su totalidad  y en lo relativo a:
a)  Artículo 1
b) Artículo 2, párrafo décimo segundo (12)  por el que se autoriza a PEMEX un endeudamiento en su vertiente de deuda interna neto hasta por la cantidad de VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS; y en su vertiente en deuda externa neta hasta por la cantidad de SIETE MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.
c) Artículo 25 fracción I inciso 2 “a)”
d) Artículo 26 y sus fracciones I, II, III y IV,
e) Décimo Segundo transitorio
II. Como consecuencia de la aplicación de la Ley que por esta vía se impugna, también se reclama:
a)    El Acuerdo Núm. A/059/2016, de la Comisión Reguladora de energía que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel previsto en el artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, publicado en el Diario Oficial en 26 de diciembre de 2016. Así como por vicios propios como acto de autoridad.
b)    El Acuerdo 98/2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de
las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación; emitido por el, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 31, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; transitorio Décimo Segundo, fracción II de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como por vicios propios como actos de autoridad.
Dichas  normas se reclaman por ser violatorios del principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley y subordinación jerárquica, contenido en el artículo 31, fracción IV, 16, 28 párrafo 13 en relación con y del  precepto 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los requisitos de legalidad establecidos en los artículos 1, 4, 17, 25, 26, 28, 90 en relación con las fracciones V y X del artículo 33 y de su diverso 34 en sus fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa, y de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el principio de anualidad como elemento de legalidad constitucional de conformidad con el artículo 74, fracción IV en relación con el diverso 134 de dicha norma fundante; la violación al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos.
De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclama:
La ilegal ejecución y consecuencias jurídicas de derecho que derivado de la sola entrada en vigor y de los sucesivos actos de aplicación que se vienen realizando, a consecuencia de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017
De ambas, ordenadoras y ejecutoras, también reclamo  la violación al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos
SEGUNDO:
1.     Reclamo de  autoridad responsable a la marcada como número 2    en el apartado de ordenadoras, CÁMARA DE DIPUTADOS la aprobación del Presupuesto de egresos de la federación de por no ajustarse a lo establecido por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República al no prever el destino del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la cantidad estimada en su recaudación, su destino; y la carencia de fundamento económico-normativo para su establecimiento, cuando la cantidad estimada del tributo (IEPS)  a recaudar no estaba determinada, toda vez que los presupuestos para la emisión del cálculo de la base grabable (el consumo de gasolina) se produjo hasta que se publicaron:

a)    el 26 de diciembre de 2016 el  ACUERDO Núm. A/059/2016,  ACUERDO QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017; y

b)    el 27 de diciembre de 2016  el Acuerdo 98 /2016,  Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación.
Por lo que el monto estimado del tributo (IEPS) NO ESTÁ DEBIDAMENTE CONTEMPLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, incumpliendo con los principios de certeza del destino de los impuestos y del gasto público, resquebrajando la garantía de legalidad que del 14 y 16 en relación con el la fracción IV del artículo 74 de la Norma Fundante, al transgredir el principio de congruencia y correspondencia constitucional que debe imperar entre la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
2.     PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  la expedición del decreto y la orden de publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
  1. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN  el refrendo del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
3.      DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN  la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PRECEPTOS CONSTITUCIONES QUE CONTIENEN GARANTÍAS VIOLADAS: 
31, fracción IV, 16, 28 párrafo 3,  13 en relación con y del  precepto 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 4, 17, 25, 26, 28, 90 en relación con las fracciones V y X del artículo 33 y de su diverso 34 en sus fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa, y de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el principio de anualidad como elemento de legalidad, congruencia y correspondencia constitucional de conformidad con el artículo 74, fracción IV en relación con el diverso 134 de nuestra norma fundante; la violación al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos; así como del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y del artículo 11 dek Oacti Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales.
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 1 de Enero del año 2017.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto ante usted, que los actos y hechos que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes:

HECHOS
PRIMERO.  El suscrito habito en el país, en particular en el Estado de ____________
SEGUNDO. El suscrito, adquiero productos que son transportados por vehículos de motor que consumen gasolina y que necesariamente son los únicos que transportan de su lugar de origen, sea local, o de otros Estados de la República.
CUARTO.  Con fecha 15 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario  Oficial  de  la  Federación, aprobado tanto por la Cámara de Senadores como de Diputados; por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.
SEGUNDO.   Con fecha 26 de diciembre del año 2016, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el ACUERDO Núm. A/059/2016 emitido por la Comisión Reguladora de Energía QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017; donde textualmente acordó:
“PRIMERO. La Comisión Reguladora de Energía emite el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado en los términos señalados en los Considerandos Duodécimo a Decimoséptimo anteriores y que se presenta en el Anexo 2 de este Acuerdo, como si a la letra se insertara.
SEGUNDO. La emisión del cronograma conforme lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 no constituye una declaratoria de competencia efectiva.
TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía, previo aviso al permisionario, dará seguimiento específico a aquellas estaciones de servicio que, debido a las condiciones del mercado local en que operan, podrían ejercer poder de mercado en perjuicio de los consumidores.
CUARTO. La Comisión Reguladora de Energía actualizará, en su caso, el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y diésel se determinen con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro, entre otros factores.
QUINTO. La Comisión Reguladora de Energía realizará, en su caso, los ajustes necesarios en la metodología de cálculo de precios de venta de primera mano Decimoctavo.
SEXTO. El presente Acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
SÉPTIMO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/059/2016, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.”
ANEXO UNO
Etapa de
Temporada
Abierta de Pemex
Logística
Fecha de
asignación de
capacidad
Sistema de
transporte por
ducto
Terminales asociadas
1.1
15 de febrero de 2017
Rosarito
Ensenada, Mexicali y Rosarito
Guaymas
Cd. Obregón, Guaymas, Hermosillo, Magdalena,Navojoa y Nogales
1.2
1 de mayo de 2017
Norte
Cadereyta, Cd. Juárez, Cd. Mante, Cd. Victoria,Chihuahua, Gómez Palacio, Madero, Monclova, Nuevo Laredo, Parral, Sabinas, Saltillo, Santa Catarina y Reynosa
2.1
14 de septiembre de2017
Topolobampo
Culiacán, Durango, Guamúchil, La Paz, Mazatlán yTopolobampo
2.2
16 de octubre de 2017
Zona Sur-Centro-Golfo-Occidente
Acapulco, Aguascalientes, Añil, Azcapotzalco,Barranca, Celaya, Cd. Valles, Colima, Cuautla,Cuernavaca, El Castillo, Escamela, Iguala, Irapuato,Lázaro Cárdenas, León, Manzanillo, Matehuala,Minatitlán, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Pajaritos,Perote, Poza Rica, Puebla, Querétaro, Salina Cruz,San Juan Ixhuatepec, San Luis Potosí, Tapachula,Tapachula II, Tehuacán, Tepic, T.M. Salina Cruz,Tierra Blanca, Toluca, Tuxpan, Tuxtla Gutiérrez,Uruapan, Veracruz, Villahermosa, Xalapa,Zacatecas, Zamora y Zapopan
Etapa 2.3
15 de noviembre de2017
Progreso
Campeche, Mérida y Progreso


ANEXO DOS
CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN
Etapa
Área de aplicación en
Fecha de inicio de determinación
de precios por condiciones de
mercado
1.1
Baja California y Sonora
30 de marzo de 2017
1.2
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,Tamaulipas y el municipio de GómezPalacio en Durango
15 de junio de 2017
2.1
Baja California Sur, Durango y Sinaloa
30 de octubre de 2017
2.2
Aguascalientes, Ciudad de México,Colima, Chiapas, Estado de México,Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca,Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas
30 de noviembre de 2017
2.3
Campeche, ______________ y Yucatán
30 de diciembre de 2017
_____________________
En dicho acuerdo  se establecen las regiones en que se habrán de aplicar los nuevos precios de las gasolinas en nuestro país.
TERCERO. El 27 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Acuerdo 98 /2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación de las  gasolinas y el diésel,  así como la metodología para su determinación que entró en vigor el 01 de enero de 2017
CUARTO. Con fecha 1 de enero de 2017 entran en vigor dichos acuerdos mencionados en los puntos antecedentes
QUINTO El primero de enero de 2017 se publicó el PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
SEXTO.  El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se ha publicado con fecha posterior a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017
SÉPTIMO.  Desde el primer día de la entrada en vigor de los actos reclamados se ocasionó una escalada de precios en todos los sectores como lo es la tortilla, y diversos productos de la canasta básica, para acreditar lo anterior, es visible en el siguiente likc: http://www.quintanaroohoy.com/noticias-cancun/el-80-de-tortillerias-incremento-precios/
 Así como es en Cancún, lo es en toda la República Mexicana¸ http://formato7.com/2017/01/03/se-avecina-escalada-precios-cierre-gasolineras-concanaco/
 Y en mi caso particular, el aumento del precio es notable todo ha subido de precio a consecuencia de “GASOLINAZO” precio que se traslada de una u otra forma al consumidor final en donde se refleja, y más aún, que en el mes siguiente (febrero) habrá otro aumento; es decir, quien consuma algo transportado por un vehículo que consuma gasolina o diesel, ese algo tendrá reflejado en su costo final lo que costó el insumo como la gasolina, haciendo que el acto reclamado siga manifestando sus efectos de manera constante y de manera sucesiva.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
PRIMERO.
La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 en sus artículo 25, fracción I inciso “a)” ; y 26, fracciones III y IV y su transitorio Décimo Segundo que establecen:
Artículo 25. En adición a las obligaciones establecidas en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano, tendrán las siguientes obligaciones:
I.        Reportar a la Comisión Reguladora de Energía:
a)    Los precios de venta al público de los productos mencionados, así como los precios de venta de los distribuidores de gas licuado de petróleo y de propano, cada vez que se modifiquen, sin que exceda de sesenta minutos antes de la aplicación de dichos precios.”
Artículo 26. En adición a las facultades establecidas en los artículos 22 y 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tendrá las siguientes atribuciones:
I.        Administrar un sistema de información de precios de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de Energía, de la Procuraduría Federal del Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Servicio de Administración Tributaria y difundirá por medios electrónicos, una versión pública de dicho sistema.
II.       Podrá poner a disposición del público, por medios electrónicos, información agregada por zona, de precios al mayoreo que obtenga la Comisión Reguladora de Energía.
III.      En las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva.
         La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida precautoria, la regulación provisional de los precios en las actividades que se mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión Federal de Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha en que se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.
IV.      Requerir a los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de los productos a que se refieren la fracción III de este artículo y el artículo 27 de esta Ley, la información que sea necesaria para llevar a cabo el ejercicio de las facultades a que se refieren la fracción III de este artículo y el artículo 27 de esta Ley, según corresponda. El personal oficial que intervenga en el ejercicio de dichas facultades estará obligado a guardar absoluta reserva sobre la información recibida.
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:
I.        La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado.
II.       En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente:
a)    Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles.
       La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
       La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional.
b)    Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.
       En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
III.      Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley.”.
Esta disposiciones normativas violan el principio reserva de ley y subordinación jerárquica, contenido en los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Hidrocarburos; así como de su párrafo octavo en relación con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; toda vez que una norma de jerarquía inferior como lo es la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2017, no puede modificar una norma de estatus superior, toda vez que de conformidad con el artículo 90 de dicha norma suprema y en relación con los artículos 31,   33 fracciones V, X, XII y XXI; y las fracciones I, II, V, VII, VIII, XVIII  del artículo 34  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen la competencia para determinar obligaciones y derechos fundamentales de naturaleza económico-sociales para la ciudadanía y todo habitante de México, derivada del ejercicio de sus facultades exclusivas y concurrentes en  sus respectivas competencias de acuerdo a la Ley en las Secretarías de Energía y de Economía.
De donde, el otorgamiento de facultades realizado por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido hecho en contra del orden Jurídico de acuerdo a la jerarquía normativa, además de generar incertidumbre al gobernado sobre la legalidad en la competencia de la autoridad para la emisión del acto a que se refieren la normas transcritas.
Lo anterior se afirma porque la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, le otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Competencia y a la Comisión Reguladora de Energía, facultades que son propias de otros órganos de la Administración Pública Federal, y, que para que sea procedente tal dotación de atributos y competencias, tendría que haberse  modificado la Constitución Federal en sus artículos 90, y 74 para tener facultades que al expedir una norma de cuarta categoría como lo es la Ley de Ingresos de la Federación , pueda modificar leyes de jerarquía superior, incluso la Constitución, competencia de la que carece la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; por lo que se afirma que en la emisión de la Ley de Ingresos que se impugna en los apartados que se exponen, se trasgredieron las principios esenciales y del debido proceso legislativo
Por tanto, la autoridad Legislativa se excede en sus facultades exclusivas constitucionales señaladas en el artículo 74, lo cual provoca una antimonia jurídica de competencia con lo las facultades de las Secretarías de Energía y de Economía  para que en usos de sus  facultades establecidas en la fracciones V, X, XII y XXI del artículo 33; y las fracciones I, II, V, VII, VIII, XVIII  del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cumplan con sus funciones constitucionales, respectivamente son:
Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
“V. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las disposiciones aplicables. La planeación energética deberá atender los siguientes criterios: la soberanía y la seguridad energéticas, el mejoramiento de la productividad energética, la restitución de reservas de hidrocarburos, la diversificación de las fuentes de combustibles, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la mayor participación de las energías renovables en el balance energético nacional, la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la mayor eficiencia de su producción y uso, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado del sector energético, y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética”
“X. Promover el ahorro de energía, regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre eficiencia energética, así como realizar y apoyar estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás aspectos relacionados”
“XII. Regular y en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre producción, comercialización, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energía y demás aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento”
“XXI. Requerir la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, a órganos desconcentrados, órganos reguladores coordinados, entidades paraestatales y empresas del sector y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refieren la Ley de Hidrocarburos, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la Ley de la Industria Eléctrica”
Con lo anterior, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 transgrede el principio de legalidad en el proceso de su creación legislativa al carecer de competencia el legislador (Cámara de Diputados) para reformar normas de acuerdo a lo establecido por los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando de paso los principios esenciales del procedimiento establecidos por los artículos 14 y 16 que se debe de seguir en la creación de las leyes al carecer de competencia la Cámara de Diputados.
De igual manera por la antimonia realizada por el legislador mencionado en las líneas antecedentes, representan  y generan un problema de eficacia y seguridad jurídica importante, violando de Al quejoso   los derechos fundamentales económico-sociales progresivos consagrados en los artículos 1, 4, 25, 26, 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 26 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) que reza:
“Artículo 26.  Desarrollo Progresivo
 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”.
La Ley de Ingresos que por esta vía se impugna va en contra del derecho humano de Al quejoso del desarrollo progresivo que se derivan de las normas económicas y sociales afectadas de antinomia pues no garantiza la plena efectividad de los derechos mencionados por los razonamientos arriba expresados; así como también violenta el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en la parte medular reza:
“ARTÍCULO 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Del análisis concatenado de las arriba mencionadas prerrogativas fundamentales de Al quejoso, conforme a la aplicación del principio de progresividad establecido por las normas internacionales citadas y por el artículo 1 de la Norma Fundante, le impone al legislador emisor del acto reclamado haber tomado en consideración que  existe como derecho fundamental la prohibición de regresividad tal y como lo establece la siguiente resolución del Poder Judicial de la Federación:
“Época: Décima Época. Registro: 2013217. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h. Materia(s): (Constitucional). Tesis: 1a. CCXCII/2016 (10a.)
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los -así llamados- derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros "objetivos programáticos", sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque esa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte de distintos momentos del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los así llamados derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 750/2015. María Ángeles Cárdenas Alvarado. 20 de abril de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña.
Asimismo, el atributo de progresividad en los derechos humanos económico-sociales imprime al Estado Mexicano por  mandato constitucional el realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos respetando el Estado de Derecho en estricto a pego a la legalidad.
Tiene sustento lo anterior, en la siguiente resolución del Poder Judicial de la Federación:
Época: Décima Época. Registro: 2010361. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.). Página: 1298
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.
Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
De donde con la antimonia las Secretarías de Economía y de Energía dejan de ejercer sus facultades constitucionales en perjuicio de los aquí amparistas y que provocó no solo el aumento exorbitante  en el precio final de las gasolinas al público en general, que ocasionaron un escalada de precios SIN CONTROL ALGUNO EN EL MERCADO, violentando los derechos individuales, económicos y sociales de las quejosas, y que de continuar aconteciendo de esta manera, se provoca la involución de nuestros derechos mencionados, toda vez que el poder adquisitivo real disminuye cuando al salario mínimo, como valor referente económico, sólo ha subido siete pesos, mientras que el litro de la gasolina subió de dos hasta cuatro pesos por litro en su tipo magna y Premium, respectivamente, y solo en enero, puesto que es un aumento progresivo que no acontece con el referente económico salario mínimo, de donde es desproporcional y anti económico su planteamiento en función con el patrón inflacionario y la capacidad real de compra, lo cual implica un retroceso progresivo en la protección de los derechos económicos y sociales del suscrito
SEGUNDO.
El Acuerdo 98 /2016  por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, es contraria a la legalidad, pues, como deriva de una Ley con vicios de constitucionalidad, dicho acuerdo  también lo es, trasgrediendo de paso los tratados y normas internacionales que se han mencionado en el punto antecedente y que solicito se tengan por reproducidos como si fuera a la letra a fin de evitar inútiles repeticiones.
Asimismo, es ilegal el acuerdo 98/2016 que aquí se impugna, porque de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX numeral 5, corresponde al congreso establecer los mecanismos que conforman la base de determinación y/o cálculo del impuesto, su imposición, determinación del destinatario del impuesto, cobro, entero y deducción de los mismos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda viola el principio de legalidad tributaria, toda vez que de conformidad con el artículo 34, fracción IV de la Constitución Federal que dispone que  los tributos o contribuciones debe estar precisados TOTALMENTE en la Ley que los crea estableciendo en dicha norma el mecanismo de determinación o su posibilidad de reglamentación, reglamentación, que de igual manera sigue su procedimiento de creación por el órgano facultado para tal efecto, de tal manera que la autoridad encomendada para su aplicación, simplemente acate su disposición sin innovar,  y para su exacto cumplimiento.
Este acuerdo en su artículo 1, fracción V establece la metodología del cálculo del precio de la gasolina  que se menciona en su anexo II, sin embargo dicho cálculo no se haya sustentado en precepto legal alguno en donde se funde ni motive, con lo cual se violenta el principio de reserva de Ley y subordinación Jurídica, toda vez que de conformidad con el artículo 2, fracción I, inciso d)  de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no está contemplado en dicha norma de mayor jerarquía.
La ley sólo establece que al valor de los actos, en este caso a la gasolina se le aplicará una cuota fija, el tema es la determinación de la base sobre la cual se aplicará dicha cuota y determinar si tal determinación y su aplicación de la cuota legal, dan como  resultado un impuesto con características de legalidad como lo es la igualdad, reserva de la ley, proporcionalidad, reciprocidad Tributaria, destino al gasto público de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2017 .
Sin embargo, la base para calcular el impuesto, no la establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, solo menciona en su artículo 2, lo siguiente de manera textual:
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:
(…)
D) Combustibles automotrices:
1. Combustibles fósiles              Cuota                        Unidad de medida
a. Gasolina                            menor a 92 octanos .......... 4.16 pesos por litro.
b. Gasolina                            mayor o igual a 92 octanos 3.52 pesos por litro.
c. Diésel ............................................... 4.58 pesos por litro.
En consecuencia estamos ante una base determinada hasta antes de la liberación del precio de la gasolina para poder, con  la cuota, tener un impuesto (IEPS) determinable; sin embargo, al liberarse el precio de la gasolina, la ley del Impuesto (IEPS) no fue reformada y no estableció ni la manera en la cual se determinará la base, como tampoco estableció la cualidad del sujeto como elemento del impuesto (su ubicación geográfica y clasificación) para estar en posibilidad de determinar si se sitúan en algún supuesto determinable en el hecho hipotético y el imponible  de la norma tributaria.
Por lo tanto,  el acuerdo que aquí se impugna en sí mismo, y como en consecuencia  jurídica de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal.  Sustenta lo aquí expuesto  la siguiente jurisprudencia:
Época: Décima Época. Registro: 2000585. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: IV.1o.A. J/1 (10a.). Página: 1417
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLECER CON CERTEZA LA FORMA DE DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la garantía de legalidad tributaria, que consiste en que las disposiciones legales que impongan cargas tributarias a los contribuyentes, deben establecer de manera expresa los elementos que las integran para no dar margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras en su determinación. Por su parte, el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, indica el procedimiento para calcular la base gravable del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, pues establece que las cantidades a cubrirse por ese tributo, deberán actualizarse en el mes de diciembre de cada año, utilizando el factor de actualización a que se refiere el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, el que a su vez, establece que dicho factor se obtendrá: "dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo.", lo que genera incertidumbre sobre la forma en que será actualizada la cantidad con base en la cual le será determinado el tributo, pues aunque el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación prevea el procedimiento para obtener el mencionado índice nacional, los numerales analizados no realizan una remisión expresa a dicho dispositivo, a pesar de que como se expone, los elementos de las contribuciones deben estar claramente establecidos en las normas que los prevén. En esa medida, si el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, no define con certeza la forma de determinar la base gravable del impuesto en estudio, dejando en manos de las autoridades administrativas su determinación, es claro que resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Por lo que es procedente se le otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso
TERCERO.
Tanto el acuerdo 98/2016  como el A/059/2016, que dan a conocer las regiones en las que se aplicarán  precios máximos al público de las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación; y que establece el cronograma de flexibilización de precios de gaslinas y diesel previsto en el artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos  de la Federación para el ejercicio de 2017, respectivamente así como la ley aquí mencionada; son contrarios a los principios constitucionales de igualdad, equidad y seguridad jurídica, en relación con el artículo 1 de dicha Carta magna.
El artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal establece:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
 IV.     Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Las normas que se impugnan establecen diferentes clase de tributarios en razón a la distancia para determinar el valor de transporte y con ello tener argumentos para que con otros aspectos pueda establecer precio máximos de gasolina sin tomar en consideración la calidad tributaria o contributiva del impuesto y conforme a ello tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Es decir, la proporcionalidad  y su relación con la igualdad y equidad tributaria es un principio que establece la capacidad contributiva o carga tributaria que el destinatario del impuesto sentirá en sus poder adquisitivo, y en la especie, el alza del combustible ocasiona un efecto dominó, toda vez que no existen fuentes alternativas de energético que impulsen los automotores que por ley se encuentres accesibles a la población en general, pues no existe en el Plan Nacional de Desarrollo ni el Presupuesto de Egresos, la política económica a la que de conformidad con los tratados internacionales de los que México es parte, está obligado a estructurar funcionalmente para el goce y disfrute de los derechos humanos reconocidos por las normas citadas en este capítulo.
Por lo anterior, como es de amplio conocimiento de toda la Nación, el aumento de gasolinas ha ocasionado  una escalada de precios.
Tal escalada de precios aunada a una selección con base en lo cercano o lejano de los centros de embarque de la gasolina y su acaparamiento o no , vicisitudes diversas, implican que se sujeten a las leyes de la oferta y la demanda aunado a la principal causa que es la distancia que evidentemente en carece la transportación de gasolinas que se verificará en el precio y el cual servirá para a su vez, establecer subsecuentemente el precio máximo de venta, el cual sirve para poder establecer la base sobre la que se aplicará el IEPS.
En este caso, el dividir y clasificar a los contribuyentes  por regiones de precios en razón de la distancia o a su cercanía con la frontera donde injustificadamente tiene precios diferentes en comparativa de la distancia, dando un trato diferencial en precio respecto de otros sujetos del impuesto a las gasolinas que se encuentren en distancia equiparablemente igual; con lo cual otorga a Al quejoso un trato desigual que contraría a lo establecido por el artículo 1° de la Constitución Federal y el y  el artículo 2 del  Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, así como del Artículo 24  de la Convención Americana de Derechos Humanos  (Pacto de San José).
Así las cosas, no toma en consideración la capacidad contributiva en el impuesto y establece una misma cuota a pagar de impuestos sobre un producto de libre mercado; cuando debió, de acuerdo a la situación particular de los sectores de población fundando y motivando debidamente, ESTABLECER DIFERENTES TIPO DE CUOTAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE SUJETOS DEL IMPUESTO Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TAL CARGA TRIBUTARIA GENERA EN LA ECONOMÍA NACIONAL, pues la escalada de precios es evidente.
Por lo anterior las normas que se impugnan trasgreden los principios de proporcionalidad e igualdad  y equidad jurídica por lo que debe de revocarse y concederse el amparo y protección de la justicia federal.
Lo anterior encuentra sustento en la siguiente resolución del Poder Judicial de la Federación:
Época: Novena Época Registro: 189411 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Junio de 2001. Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. LXXX/2001. Página: 310.
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. POR REGLA GENERAL, LA VIOLACIÓN A ESTOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES NO ES OBJETO DE PRUEBA, PUES LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS FISCALES DEBE ANALIZARSE ATENDIENDO AL UNIVERSO DE GOBERNADOS QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO NORMATIVO QUE PREVÉN.
El estudio de constitucionalidad de una norma jurídica, al constituir una disposición de observancia general, abstracta y permanente, debe abordarse atendiendo a los efectos que acarrea respecto del universo de gobernados que se ubican o pueden llegar a ubicarse en el supuesto de hecho regulado por ella, máxime cuando lo que se cuestiona es el apego de un dispositivo que establece un tributo a los principios de proporcionalidad o de equidad tributarias, cuyo cumplimiento debe verificarse atendiendo a circunstancias generales y no a las específicas que rodean a cada contribuyente. Por tanto, cuando se impugna una norma fiscal por estimar que es violatoria de los mencionados principios constitucionales y que dicha violación afecta a la categoría de contribuyentes a la que pertenece el agraviado, éste no está obligado a demostrar que el resto de los contribuyentes que se ubican en el mismo supuesto de causación se encuentran en una situación idéntica a la suya, salvo que la violación a dichos principios la haga derivar, exclusivamente, de las circunstancias o particularidades que lo rodean a él en lo individual.
Amparo en revisión 1227/2000. Empaques de Cartón United, S.A. de
C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Asimismo, dichas normas que aquí se impugnan clasifican y hacen distinciones por razón de territorio y ubicación geográfica lo cual es un trato desigual y discriminatorio de dichas normas contraviniendo los artículos 1 y 31, fracción IV de la constitución Federal, así como el artículo 2 del  Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, así como del Artículo 24  de la Convención Americana de Derechos Humanos  (Pacto de San José).
Por lo anterior es que debe de concederse a Al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal
CUARTO.
El presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017,  viola los principios de certeza jurídica presupuestal y el destino al gasto público, toda vez que no  señala ni precisa cómo empleará  y en qué empleará el ingreso que reciba por concepto de recaudación del Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) derivado de las gasolinas y del diesel;  Norma Presupuestaria que no vincula ni señala en el Plan Nacional de Desarrollo su destino, y mientras  que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en su artículo 2, párrafo 12  autoriza un endeudamiento a PEMEX neto interno  VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS;  y un endeudamiento externo neto por  SIETE MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Pues como lo señala la siguiente Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, los ingresos que se recauden son para satisfacer el gasto público:
Época: Novena Época. Registro: 171397. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a./J. 123/2007. Página: 269
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA SESIÓN RELATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS HUBIERA CONTINUADO DESPUÉS DE LA FECHA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA APROBARLO, NO ES CONTRARIA A LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS PREVISIONES DE GASTOS OBLIGATORIAS PARA LOS ENTES PÚBLICOS A LOS QUE SE DESTINA RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE AL EN QUE SE APRUEBA.
La circunstancia señalada en el rubro no es contraria a la finalidad de establecer las previsiones de gastos obligatorias para los entes públicos a los que se destina, pues conforme a los artículos 65 y 66 constitucionales, los dos periodos de sesiones ordinarias que el Congreso de la Unión tiene para ocuparse del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la propia Ley Fundamental, constituyen el lapso necesario para agotar los asuntos mencionados; de manera que aun cuando constitucionalmente se establezca un plazo para que sea aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo relevante y esencial es que la sesión concluya hasta que la Cámara de Diputados determine que han sido agotados los temas incluidos en el orden del día, lo que tampoco incide en la expedición y aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación u ordenamientos jurídicos que establecen diversas contribuciones, en virtud de que los ingresos que por esta vía se recauden se destinarán a solventar el gasto público en términos de los artículos 31, fracción IV, 74, fracción IV y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tesis de jurisprudencia 123/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete.
El presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 debe de expresar claramente el destino que le dará a la recaudación que por IEPS derivado de las gasolinas para que existe justificación de la existencia del mismo, toda vez que la reciprocidad Tributaria, si bien se percibe respecto a lo que el ciudadano se beneficia por los servicios que presta el Estado y por el solo hecho de vivir en México, también es cierto que la certeza de que los mismos tienen el destino para el cual fueron creados, se está respetando, máxime que el titular del Ejecutivo, manifestó que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, para este año 2017 no existiría aumento de precio a las gasolinas, así como del comportamiento del mercado de petróleo y a la liberación del precio de las misma, pues precisamente uno de los argumentos para la liberación de dicho precio de gasolinas es la disminución del costo final de tan fundamental insumo; aunado que México es  uno de los productores más importantes del petróleo a nivel mundial, lo que demuestra una administración deficiente de los recursos público.
Lo anterior puede verse en la siguiente página de internet https://www.youtube.com/watch?v=fYTyoSh831o que desde este momento exhibo como prueba, es claro que manifestó a los Mexicanos y a todo los que habitan México que no se incrementaría el costo de la gasolina y que no habría gasolinazo.
Por tanto, al existir una contradicción en la Política Económica Nacional con el Plan de desarrollo, en el presupuesto de egresos aquí tildado de ilegal, debió de preverse y señalado de manera precisa el destino que se le dará a la recaudación que por el IEPS obtiene en relación a las gasolinas para la satisfacción del gasto público nacional, máxime que está previendo un histórico endeudamiento de la Para estatal más productiva del país, además de que se está violentando el principio de anualidad y de preexistencia como lo es el presupuesto de egresos al de la Ley de Ingresos, ambos para el ejercicio fiscal 2015.
Entonces, como se ha expresado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contraviene el principio tributario de destino al gasto público previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo procedente se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión y se deje sin efecto el impuesto a gasolinas establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, toda vez que al sostener entre estas dos normas, presupuestarias del Ejercicio fiscal 2017 los principios de anualidad y unidad, el decretar la ilegalidad constitucional del Presupuesto de Egresos, implica también redargüir la ilegal por la falta de motivación y fundamentación al establecer dicho impuesto, pues los principios de concordancia presupuestaria y de ejercicio de presupuesto constituyen de igual manera las normas de procedimiento tributario que deben de seguir los lineamientos establecidos en los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 74 de la Constitución Federal; y que al no ser satisfechos, es procedente se otorgue a Al quejoso  la Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el ejecutivo determine el destino de la recaudación a consecuencia del IEPS en materia de gasolina y su aplicación en el Plan nacional de desarrollo, como también se decrete como inconstitucional el endeudamiento interno y/o externo de PEMEX en tanto no se justifique en los términos constitucionales que dieron origen a la reforma energética constitucional.

QUINTO.
De conformidad con lo establecido en la ley del Impuesto Especial sobre Producción y -Servicios:
Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:
I.                 La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera importación la introducción al país de bienes.
II.               La prestación de los servicios señalados en esta Ley.

El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento, la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2o. del mismo o, en su caso, la cuota establecida en esta Ley.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación del impuesto especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.
Así como lo precisado por el Servicio de Administración Tributaria como se desprende en la siguiente página: http://www.sat.gob.mx/información_fiscal/preguntas_frecuentes/Paginas/ieps.aspx.
Esta publicación constituye un hecho notorio, que ofrezco como prueba en este momento,  y que de conformidad con la resolución del Poder judicial de la Federación tesis  I.3º C.35 K(10ª), con registro 2004949 de rubro :  “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”.
Se obtiene que quienes consumen gasolina, no tiene obligación de pagar el Impuesto Sobre Productos y Servicios (IEPS) al no ser sujeto de la Ley de referencia, y no se vería reflejado en los productos finales que los consumidores finales adquirimos; por lo que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 viola el principio de legalidad Tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, toda vez que no precisan que el consumidor FINAL de gasolina, ser Premium o magna; es decir, quien compra las gasolinas para su consumo como energético No debe pagar el IEPS, POR LO QUE  EL PRECIO AL PÚBLICO FINAL VISIBLE  POR LITRO, DEBE ESTAR SIN LA CUOTA ESTABLECIDA POR La Ley Impuesto Sobre Productos y Servicios al no ser sujeto del impuesto, por lo que únicamente debe ser trasladado a quien está en posibilidades de acreditarlo.
Lo anterior, es totalmente claro cuando el último párrafo del artículo 1° de la Ley Impuesto Sobre Productos y Servicios establece la frase “… y en su caso pagarlo y trasladarlo”; por lo que sin lugar a dudas, las suscritas como consumidor final NO ESTOY OBLIGADO A PAGARLO NI A TRASLADARLO, de donde, el precio fijado para las gasolinas como consumidor final debe estar sin el cuota del Impuesto Sobre Productos y Servicios.
Por lo anterior, al no establecerlo de manera expresa la Ley, como tampoco establecer los mecanismos por los cuales al momento de comprar la gasolina como consumidor final, he de recibir el valor por litro real a pagar sin que incluya en el precio final el cargo adicional de la cuota fijada por el artículo 2 inciso d) de la Ley del Impuesto Sobre Productos y Servicios toda vez que las suscritas no soy objeto del impuesto.
Tal omisión en la ley implica que en las gasolinerías o expendedoras de gasolina al momento de establecer el costo por litro,  se me cobre el precio por litro incluyendo en el mismo la cuota del Impuesto Sobre Productos y Servicios en los términos establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación que por esta vía se impugna.
De donde es procedente se me otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que  la autoridad legislativa emita una norma tributaria que especifique del Impuesto Sobre Productos y Servicios la forma en que las gasolineras como sujetos del impuesto, al momento de cobrar el combustible emitan un comprobante en el que se especifique el valor del litro desglosado en donde claramente se determine que el Impuesto Sobre Productos y Servicios no se le trasladó a Al quejoso y no lo está incluido en el precio final del producto que estoy adquiriendo.
Lo anterior se solicita por que el principio de legalidad de certeza del impuesto que establece el precepto constitucional en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna es determinante y así lo establece como una prerrogativa fundamental de mis derechos como ser humano, ciudadano, consumidor y habitante de México
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO
Con fundamento en los artículos 128, 129, 130 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, solicitando se compulsen los documentos que obran en el escrito original con los que se acompañan para el incidente para que obren como correspondan para el efecto de que no se siga causando daños Al quejoso de imposible reparación.

PRUEBAS
1.     DOCUMENTAL consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 15 de noviembre de 2016 del DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. Misma que se puede consultar directamente en el Diario Oficial de la Federación o consultar a través de la página web :

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460968&fecha=15/11/2016
2.     Prueba que se ofrece para acreditar:
1.     Todos y cada uno de los hechos descritos.
1.     Todos y cada uno de los conceptos de violación descritos en el presente amparo.
2.     El origen del acto reclamado
1.     La procedencia del amparo

2.     DOCUMENTAL consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 26 de diciembre de 2016 del ACUERDO que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Misma que se puede consultar directamente en el Diario Oficial de la Federación o consultar a través de la página web http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467173&fecha=26/12/2016
Prueba que se ofrece para acreditar:
1.     Todos y cada uno de los hechos descritos.
b)      Todos y cada uno de los conceptos de violación descritos en el presente amparo.
1.     La procedencia del amparo
3. DOCUMENTAL consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 27 de diciembre de 2016 del ACUERDO por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. Misma que se puede consultar directamente en el Diario Oficial de la Federación o consultar a través de la página web http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467668&fecha=27/12/2016
Prueba que se ofrece para acreditar:
1.     Todos y cada uno de los hechos descritos.
1.     Todos y cada uno de los conceptos de violación descritos en el presente amparo.
2.     La procedencia del amparo
4.     PRESUNCION, en su doble aspecto legal y humano, en todo aquello que beneficie a las hoy quejosas, prueba que se ofrece para acreditar:
5.     Todos y cada uno de los hechos descritos.
1.     Todos y cada uno de los conceptos de violación descritos en el presente amparo.
6.     INSTRUMENTAL  de  todo  lo  actuado  y  por  actuar  dentro  del presente amparo en todo aquello que beneficie a las hoy quejosas.

7.     LA DOCUMENTAL ELECTRÓNICA PÚBLICA consistente en lo publicado por  el Servicio de Administración Tributaria SALT: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/reforma_fiscal/Paginas/ieps_preguntas.aspx#g6.

8.     LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia simple de la Credencial de Elector del quejoso.

9.      El contenido del video visible en la página : https://www.youtube.com/watch?v=fYTyoSh831o
Por lo anteriormente expuesto respetuosamente y atentamente, solicitamos:
PRIMERO. Tenerme por presentado en nuestro carácter de quejosas y por interpuesto en tiempo y forma el presente juicio de amparo. 
SEGUNDO. Conceder  la  suspensión  provisional  y  en  su  momento definitiva para que cesen los efectos del acto reclamado.
TERCERO.  Se conceda la suplencia de la queja en base al artículo 79 de la Ley de Amparo.
CUARTO.   Conceder el amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables y se acuerde de conformidad lo solicitado

PROTESTO LO NECESARIO

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